Organizaciones internacionales manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de modificar la normativa sobre el empaquetado y etiquetado de las cajas de cigarrillos pautadas en la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo N° 18.256. Se suman así a la oposición manifestada por especialistas locales, que reclaman la derogación de la normativa.

El presidente de la organización internacional Campaign for Tobacco-Free Kids, Matthew L. Myers, instó a Lacalle Pou a “a revertir este decreto desacertado”. En una declaración publicada este miércoles, advierte que el país “necesita redoblar su compromiso con la salud pública” y “no abrir la puerta a que las empresas tabacaleras comercialicen sus productos mortales”.

“Bajo la administración de Lacalle Pou, el gobierno ha antepuesto los intereses de la industria tabacalera a la salud de los uruguayos y las uruguayas. De hecho, el presidente admitió públicamente que el cambio en la regulación se realizó por un pedido de la industria tabacalera”, dijo Myers. “El mundo necesita líderes con disposición para enfrentarse a las grandes tabacaleras, no para ceder ante sus intereses”, expresó.

El presidente de la ONG recordó que el gobierno de Lacalle Pou, antes de la decisión sobre el empaquetado neutro, se revocó una regulación que prohibía la comercialización de productos de tabaco calentado. Dicho cambio también fue por presión de la industria, esta vez de la multinacional Philip Morris, que llegó a aportar «insumos» para la respuesta a un pedido de informes de la diputada Lucía Etcheverry.

“La reciente decisión de Uruguay de socavar años de progreso en la reducción de las tasas de tabaquismo es particularmente alarmante dado que el país ha sido durante mucho tiempo un líder mundial en la lucha contra el consumo de tabaco”.

Según información de Campaign for Tobacco-Free Kids, el consumo de tabaco es la principal causa mundial de muerte prevenible y mata a más de 8 millones de personas en todo el mundo cada año.

Salinas y la candidatura a la OPS

Por otra parte, la Coalición América Saludable (CLAS) instó a que la región no siga el ejemplo uruguayo en el “retroceso en políticas públicas de salud, en contravención de los estándares interamericanos en materia de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”. Las organizaciones miembro, que suman más de 200 en todo el continente, lamentan lo que está ocurriendo en Uruguay, un país que “anteriormente fue líder en estos temas”.

La CLAS manifestó su preocupación por la postulación del ministro de Salud, Daniel Salinas, al cargo de director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), elección que se realizará el próximo 26 de setiembre.

“Vemos con preocupación que un cargo tan importante en la promoción de las políticas públicas y de la protección del derecho a la salud de toda la región pueda quedar en manos de un candidato que no ha velado por la protección de la salud pública en su propio país”, señala en su pronunciamiento la Coalición.

Para las organizaciones miembro de la CLAS, “estos retrocesos en políticas de prevención de Enfermedades No Transmisibles en Uruguay deberían ser una alarma para todos los países de América Latina”.

El decreto, emitido desde el Ministerio de Industria con el aval del Consejo de Ministros, habilita la venta de las “cajas blandas”. Hasta el momento solo se podían comercializar cigarrillos en cajilla dura.

El argumento de Lacalle Pou para realizar estas modificaciones en la política de tabaco implementada durante el gobierno de Tabaré Vázquez es que con las prohibiciones se aumentó el comercio de cigarrillos por contrabando, aunque no hay información que dé cuenta de eso.

“Lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata el contrabando. ¿Estamos estimulando que se fume? No, al revés, va a seguir la misma publicidad en contra, la misma cajilla. No hay que ser tan básico; entiendo la reacción de pegar a todo lo que se mueva, pero vamos a usar argumentos lógicos”, dijo el presidente.

“Me preguntan si esto es para favorecer a la empresa Montepaz. No, me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio, quien se dedica a producir cigarros en Uruguay es Montepaz y quien le pidió esto al ministerio de industria es Montepaz”, confirmó Lacalle Pou.

Esta revelación del presidente dejó mal parado a Salinas, quien había defendido el decreto desde una perspectiva de salud (dijo que le preocupa que «exista un consumo de tabaco sin ningún tipo de control de calidad») y de lucha contra el contrabando (dijo que si los filtros de los cigarrillos están identificados se podrá «saber si son nacionales o de contrabando», lo cual permitirá «poner multas muy importantes»).

Derogación inmediata

La Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, un grupo de expertos que trabaja dentro del Ministerio de Salud Pública (MSP), recomendó la derogación del Decreto 282/022 del pasado 2 de setiembre. Mediante un informe técnico, concluyó que “las sustituciones de los Artículos 7, 8 y 10”, planteadas en la normativa “no son medidas para combatir el comercio ilícito y permite que los cigarrillos sean más atractivos a través de técnicas de diseño empleadas por la industria tabacalera”.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Sudestada, los técnicos consideran que las modificaciones contravienen el Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco ratificado por la Ley 17.793 y el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco ratificado por la Ley 19.259, entre otras normativas.

La Comisión Asesora observó que las modificaciones dispuestas en el decreto contravienen los objetivos contemplados en la Ley 19.723 e implican “una regresividad en los Derechos de Salud ya alcanzados”.

El informe, firmado por Beatriz Goja, en representación de la Comisión Asesora, y por Elba Esteves, directora del Programa Nacional de Control de Tabaco, señala que la sustitución del artículo 7 elimina que “la apertura de los paquetes de cigarrillos será tipo abatible o “flip top”, que tenía como finalidad “reducir el atractivo de los productos de tabaco, suprimir los efectos del empaquetado como forma de publicidad y promoción, prevenir el uso de técnicas de diseño en el empaquetado que puedan sugerir que un producto de tabaco es menos nocivo que otro y aumentar la visibilidad y eficacia de las advertencias sanitarias”.

Por otra parte, el artículo 8 del decreto emitido en setiembre de este año elimina la disposición de que todos los paquetes de cigarrillos sean de cartón y el requerimiento de que el interior del paquete sea de color blanco liso, en acabado mate. Hasta ahora la caja de cigarrillos solo podía contener una cubierta de papel metalizado color plata liso y estaba prohibida la inclusión de cualquier otro elemento.

Según los técnicos de la Comisión Asesora, “la eliminación de estas especificaciones deja un vacío en cuanto al material a utilizar en el empaquetado de cigarrillos, así como en su interior”. Además, “deja el diseño interior de la caja y el material del empaquetado a criterio de la empresa para utilizarlo como publicidad.

En el artículo 10, dice que “en el cigarrillo o en el interior de la cajilla el fabricante podrá incorporar elementos distintivos destinados a determinar la autenticidad del producto o su trazabilidad con el fin de detectar y combatir su desvío o adulteración. El filtro será de color imitación corcho o blanco, siendo biodegradables y en él se podrá incorporar la identificación de la marca”.

Esta disposición preocupa a la Comisión Asesora porque contraviene el Protocolo de Comercio Ilícito. “Que en el filtro se pueda incorporar la identificación de la marca, no es una forma de trazabilidad sino de publicidad”, aseguran los técnicos.

La Comisión Asesora también se había opuesto el año pasado a la aprobación de otro decreto del presidente Lacalle Pou que, sin consultar con los expertos en el tema, habilitó la comercialización en el país de los productos de tabaco calentado (como el denominado Iqos, que fabrica la tabacalera Philip Morris) sin evidencia científica que avalara esa decisión. Una investigación de Sudestada demostró cómo aquel decreto también resultó de una gestión de dicha multinacional, a fin de utilizar la nueva normativa como «ejemplo» a nivel internacional para socavar las políticas sanitarias de lucha contra