El reciente decreto presidencial que incluyó a los productos de tabaco calentado entre las obligaciones de informar que se le impusieron a la industria tabacalera implica un “nuevo intento de legitimación” de estos dispositivos por parte del gobierno, mientras hay un recurso pendiente de resolución judicial, dijo a Sudestada Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET).
El gobierno aprobó el pasado 25 de octubre una nueva disposición que obliga a las empresas tabacaleras que fabriquen o importen productos a informar al Programa Nacional para el Control del Tabaco (PNCT) del Ministerio de Salud Pública cuántas unidades fueron vendidas en cada mes, por marca y tamaño, mediante una declaración jurada que se presentará con frecuencia semestral.
El incumplimiento de esta obligación será castigado con sanciones que van desde el apercibimiento hasta la clausura definitiva, según lo dispuesto en el artículo 396 de la Ley N° 19.924.
El artículo 2 de este decreto incluye entre estas obligaciones a los productos de tabaco calentado (PTC), cuya distribución y venta había sido habilitada en marzo de 2021, sin consultar a dicho programa ministerial, ni a su Comisión Asesora Interinstitucional, formada por expertos de la sociedad civil, la academia y el MSP, entre otros organismos.
Sudestada informó en mayo de este año que el decreto fue fruto de la presión ejercida por la industria tabacalera, en especial la multinacional Philip Morris, que comercializa un producto que calienta tabaco seco denominado iQOS. Esta habilitación fue también rechazada en el parlamento, desde donde se realizó un pedido de informes que el MSP respondió con los argumentos obtenidos de la página web de la empresa, sin presentar evidencia científica que justificara la decisión del gobierno.
Durante una comparecencia realizada el 24 de agosto, el director general de Salud del MSP, Miguel Asqueta, admitió ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que ese decreto había sido redactado y aprobado en la Presidencia de la República sin pasar por el MSP.
Proceso que no está cerrado
Diego Rodríguez, que también integra la comisión asesora, consideró que el decreto del pasado 25 de octubre es una buena noticia para el control de tabaco, ya que permitirá ejercer un control sobre las ventas que se producen en el país, así como realizar un cálculo certero sobre el nivel de contrabando.
“Con esta información también se podrá saber exactamente cuánto se consume, y es posible estimar el impacto en el medio ambiente, en función de la cantidad de cigarrillos consumidos en el mercado legal. Esto incluye el número de colillas, la producción de los empaques, el cultivo de tabaco”, entre otras informaciones.
Sin embargo, estimó que la inclusión de los PTC en el decreto implica un nuevo paso hacia la “legitimación” de estos dispositivos, severamente cuestionados por los especialistas por no contar con evidencia científica libre de conflicto de interés que demuestre que son menos nocivos que los productos de tabaco tradicional.
Rodríguez recordó que la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) inició acciones administrativas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para anular el decreto, y “ese es un proceso que no está cerrado”. El MSP fue el encargado de defender esa disposición del gobierno, usando una vez más los argumentos de Philip Morris.
También destacó que a más de un año de la habilitación, “la industria sigue sin vender este producto en Uruguay, y consideramos que cada acción que se hace para regular este tipo de productos es una forma de continuar legitimándolos”.
En ese sentido, el especialista consideró que hasta que no haya una resolución del TCA “habría que actuar con cautela, esperando la decisión de la Justicia, y en caso de que sean habilitados que queden regulados con todo lo que le corresponde a los productos de tabaco”.
