Después de ser durante varios años el principal referente de la región y uno de los más reconocidos del mundo en la lucha contra el tabaco, Uruguay se convirtió hace un año en el ejemplo que usa la industria tabacalera para promover dispositivos novedosos de tabaco calentado, sin una validación científica independiente que asegure un uso menos nocivo que el cigarro tradicional.

Sudestada pudo confirmar cómo durante el año 2021 la empresa Philip Morris International (PMI), que en el año 2016 perdió un juicio contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, conocido como CIADI, ahora tiene al país como un aliado silencioso al momento de mostrar sus avances en la región en aspectos regulatorios. 

Así lo hizo, por ejemplo, el 21 de abril de 2021 cuando presentó los resultados financieros del primer trimestre del año ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. Ese día en su presentación incluyó una lista de cuatro países que habían aprobado normativas que lo favorecían en su estrategia de negocios. El primero de la lista, era Uruguay. 

“El decreto presidencial revocó la prohibición de importar productos de tabaco calentado, reconociendo que ahora existen alternativas a los cigarrillos con un perfil de riesgo diferente que puede desempeñar un papel en la reducción del impacto del tabaquismo en el país”, decía el documento de la empresa tabacalera más grande del mundo en su página 9. 

Después de Uruguay en la lista de países que tuvieron “desarrollos positivos de los reguladores que reconocen el potencial de reducción de daños de los productos de riesgo reducido” venían Lituania, Reino Unido y Nueva Zelanda, que coinciden en aplicar una estrategia totalmente diferente a la que tenía Uruguay hasta ahora para combatir el tabaquismo. 

Pero esta no fue la única vez que la industria usó el ejemplo uruguayo para promover su negocio a nivel regional, explicó a Sudestada el médico Wilson Benia, consultor y especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

“Los operadores en el deterioro de la salud de las poblaciones, van por los gobiernos como Panamá, Brasil, que han implantado normativas muy restrictivas de prohibición a los productos de tabaco calentado, para decirles ‘si Uruguay flexibilizó, muchachos, resulta que esto no es tan malo, flexibilicen ustedes también’”, describió Benia.

El cardiólogo Eduardo Bianco, referente de la sociedad civil uruguaya en la lucha contra el tabaco y fundador del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), confirmó a Sudestada que voceros de Philip Morris se comunicaron con autoridades sanitarias brasileñas para mostrar el nuevo ejemplo uruguayo. En los días posteriores a la firma del decreto “fui consultado por gente del Ministerio de Salud de Brasil, para saber qué pasó en Uruguay que permitieron esto, porque están ahora presentándose en Brasil para querer que avale también estos productos”. 

“Y lo mismo ocurrió en Panamá que también los tenían prohibidos y fueron a presionar diciendo que Uruguay había permitido esto. La jugada fue de la empresa Philip Morris que fue la que estuvo detrás de esto”, afirmó Bianco.

Esta modificación en la normativa que instrumentó de forma directa el Poder Ejecutivo se concretó ante la sorpresa de la sociedad civil y la academia, aunque también de las autoridades sanitarias, que luego tuvieron que acomodarse al nuevo lineamiento que bajaba de Presidencia. 

Esto confirma la sospecha que hace meses tienen desde la sociedad civil. “Uruguay fue utilizado en una estrategia regional, porque el mercado uruguayo no es atractivo para la industria tabacalera seguramente por la población que tenemos y de consumidores”, dijo a Sudestada Diego Rodríguez, actual integrante del CIET.

“Creemos que esto vuelve a ser la misma estrategia; no importa tanto el mercado de posibles consumidores, de los productos de tabaco calentado en Uruguay, sino el doblegar, socavar de alguna manera la regulación de Uruguay para utilizarla como estrategia para un mercado más regional y global”, explicó Laura Llambí, profesora agregada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República e integrante de la comisión asesora del MSP.

“Cuando este decreto surge no todos los actores relevantes en el campo gubernamental tenían conocimiento de su prestación y puesta en vigencia”, dijo Benia. Del mismo modo lo manifestaron Llambí y Rodríguez. “Fue una gran sorpresa porque es un decreto cuyo análisis no pasó por los lugares de asesoramiento habituales del MSP para tomar estas decisiones en política sanitaria”, expresó Llambí. 

Normativas como estas “salen siempre del Ministerio de Salud Pública” y “no surgen de presidencia o de la asesoría de presidencia” como sucedió con este decreto, explicó Rodríguez. 

La interferencia preocupante a nivel global

La jefa de la Secretaría del Convenio Marco, la médica uruguaya Adriana Blanco, dijo a Sudestada que las tabacaleras “tratan de confundir y de utilizar diferentes argumentos en distintas situaciones”. 

“La industria tabacalera no ha parado nunca de tratar de interferir con las políticas de control de tabaco”, aseguró Blanco, y consideró que “va reciclando nuevas estrategias”.

Al poner en práctica ese reciclaje estratégico, Blanco dijo que cuando la industria nota que la gente está preocupada por los efectos sanitarios del tabaco, “buscan una vuelta para presentar un producto de menor riesgo. Esto no empezó ahora, esto empezó hace mucho tiempo atrás con los filtros”, recordó. 

“Después la historia fue, ‘ah, no ahora tenemos estos productos, los light, los ultra light los mill’, que son menos dañinos cuando todos sabemos que en realidad esos productos lo único que tienen es mayor ventilación en el filtro”, reclamó. 

Para Benia, en tanto, esto es ”parte de una acción sistemática para socavar las normativas vinculadas al control del tabaco y una expresión más de una dinámica continua de la industria tabacalera”. Lo que ocurrió con la aprobación del decreto 87/021 fue “una fisura en un blindaje normativo que venía siendo progresivo y coherente”. 

El representante de OPS explicó que así como Uruguay era referente en la región por la implementación de acciones de protección a la población con resultados medibles, ahora es mirado con preocupación por los países de la región.

Amenazas siempre latentes 

Ante la aprobación del decreto, los integrantes de la comisión interinstitucional asesora se reunieron con el ministro Daniel Salinas y el director general de la Salud, Miguel Asqueta para recibir una explicación de por qué las autoridades avalaron este retroceso normativo.  “No conseguimos mayores explicaciones. El ministro se comprometió a generar una reunión con los asesores de Presidencia, para tratar el tema. Esa reunión nunca sucedió”, explicó Rodríguez.

Mientras Salinas daba estas modestas explicaciones a la comisión asesora, al mismo tiempo firmaba un documento oficial del MSP por el Día Mundial Sin Tabaco del año 2021. Allí el jerarca sostuvo que “La introducción al mercado de productos novedosos y emergentes para consumo de tabaco es un desafío inmediato, porque su uso no está exento de riesgos y la experiencia ha demostrado que una de las consecuencias es un rápido aumento del consumo de tabaco, tanto en sus formas novedosas como tradicional”. 

“Sabiendo que las amenazas siempre latentes de los estímulos para que cada vez más personas caigan en la adicción tabáquica -que en definitiva es lo que persigue quienes comercializan estos productos-, están siempre sobre nosotros, tenemos que ser suficientemente inteligentes, unidos y consecuentes para lograr lo que queremos conseguir, proteger a las generaciones presentes y futuras de las devastadoras consecuencias sanitarias, económicas y ambientales del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”, escribió Salinas, pero todo quedó en palabras porque el decreto se mantuvo vigente.

De hecho, según supo Sudestada, el comentario en las oficinas del MSP era que el responsable de la redacción del decreto era el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y que él debía ser quien diera las explicaciones a la sociedad civil, pero eso nunca sucedió.

Otra de las autoridades ministeriales que se mantuvo firme en la defensa del decreto cuestionado fue el director general de Salud del MSP, Miguel Asqueta, quien antes de asumir su cargo había sido presidente del CIET. Como miembro de la sociedad civil, Asqueta participó activamente de los procesos de implementación de medidas del control del tabaco en Uruguay. “Mi cuadro le ganó a Philip Morris” dice en su perfil de Twitter, sin embargo del otro lado del escritorio el partido no luce tan victorioso.

En febrero de 2019, en su calidad de presidente del CIET, elevó una carta al entonces ministro de Salud, Jorge Basso, para instar a la administración a estar “alertas para prevenir la interferencia de la industria tabacalera” y no asociarse con la Foundation for a Smoke-Free World (FSFW), financiada por Philip Morris. 

“Una organización financiada por la industria tabacalera no es un socio de salud pública”, sostuvo en la misiva.

La carta firmada por Asqueta asegura que Philip Morris International ofrece a través de la FSFW fondos para estudios sobre, entre otros temas, “alternativas para fumar, como los sistemas electrónicos de administración de nicotina (incluido IQOS, un dispositivo que PMI promueve agresivamente)”. 

Sin embargo, dos años después avaló la comercialización de productos de tabaco calentado, al sostener un decreto fundamentado en evidencia cuestionada por la comunidad académica.

“La industria tabacalera es un peligro para el Uruguay y la región, tratando de interferir en los progresos del control del tabaco en nuestro país”, afirmó en aquella carta el actual director general de la Salud. “El gobierno de Uruguay está obligado a proteger sus políticas de salud pública y control del tabaco contra la interferencia de la industria tabacalera en virtud del Artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS”, señaló el actual jerarca.

Sudestada se contactó con las autoridades ministeriales para conocer su postura ante este cambio normativo pero hasta el cierre de esta nota no fue posible concretar la entrevista ni con el ministro Daniel Salinas ni con el director general de Salud Miguel Asqueta.