Uruguay alineó su política antitabaco a los intereses de la industria tabacalera al aprobar un decreto que permitió la comercialización de dispositivos emergentes que las empresas intentan vender como sustitutos menos nocivos de los cigarrillos o una ayuda para la cesación del consumo.

Pocos días después de su aprobación, este cambio normativo comenzó a ser utilizado por la empresa Philip Morris International como un elemento a su favor en su estrategia internacional de promoción, que fue definida por la Organización Mundial de la Salud como “engañosa”. 

Meses más tarde, el gobierno envió al parlamento un proyecto de ley para gravar con impuestos a los mismos artefactos, en una línea de acción que también coincide con los reclamos que estas empresas globales realizan en otros países de la región, para ser habilitados y regularizados. 

El decreto Nº 87/021, firmado en Consejo de Ministros el 3 de marzo del 2021, que habilitó la comercialización y utilización de productos de tabaco calentado (PTC) en Uruguay, presenta justificaciones que replican los que la Industria Tabacalera (IT) viene impulsando como estrategia comercial.

Desde la firma del decreto -que no pasó por ningún debate previo ni a la interna del gobierno ni con los especialistas en el tema- hasta el presente, el gobierno uruguayo ha reiterado en diferentes instancias una serie de motivos que justifican la pretendida “menor exposición de los usuarios” a las sustancias tóxicas respecto al consumo de tabaco tradicional.

Además, el Poder Ejecutivo sostiene en el decreto que “existen datos científicos que indican que los mismos resultan en una menor exposición de los usuarios a las sustancias tóxicas asociadas al consumo tradicional de tabaco”.

Y un elemento que ha encendido las alarmas de la comunidad científica nacional e internacional es la permanente recurrencia del gobierno uruguayo a que “los dispositivos electrónicos cuentan con una validación científica suficiente para justificar su exclusión de la prohibición prevista en el Decreto N° 534/009”.

“La argumentación del decreto sostiene que los PTC son una forma de proteger a la población y hacen todo un argumento como si fuera para defender el Convenio Marco pero están defendiendo productos que la industria quiere colocar sin evidencia disponible, independiente, que demuestre que estos productos causan menos daño”, explicó a Sudestada el cardiólogo Eduardo Bianco, Investigador Principal para Uruguay del Proyecto Internacional de Evaluación de Políticas de Control de Tabaco (ITC Proyect).

En tanto, para el miembro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Wilson Benia, el decreto tiene un claro objetivo de hacer retroceder al país en su estrategia. “Es un punto de apoyo para determinada estrategia que pretende debilitar el blindaje normativo. Hablo de la estrategia de la industria tabacalera, que busca generar estas fisuras en nuestros sistemas normativos, y sistemas de promoción de salud y prevención de enfermedades, para poder allí colarse, ubicar la palanca y hacer crujir toda la estructura de protección hacia la población”, describió. 

El decreto anterior, del año 2009, que prohibía la comercialización de estos dispositivos se fundamentaba en la “inexistencia de datos científicos que muestren la eficacia y la seguridad del uso de cualquier dispositivo electrónico para fumar conocido como ‘cigarrillo electrónico’”, basándose en lo que se conoce como “principio precautorio”. Esto quiere decir, aquellas medidas de protección que se toman por parte de las autoridades sanitarias ante una situación en la que existe un riesgo, científicamente posible pero incierto, de infligir un daño a la salud pública o al medio ambiente.

Lo mismo hicieron muchos países, que hasta hoy mantienen esa postura, tales como México o Brasil, por ejemplo, y que son objeto del asedio de la industria para modificar sus políticas sanitarias .

Las justificaciones de la industria

En julio del 2020, la FDA (Administración de Drogas y Alimentos, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, país que no firmó ni forma parte del Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, emitió una autorización respecto a que los dispositivos IQOS (el producto de Philip Morris de tabaco calentado) como productos de “exposición reducida”. Eso quiere decir que dichos productos presentarían menores cantidades de sustancias químicas dañinas y cancerígenas respecto a los cigarrillos tradicionales.  

A su vez, de forma expresa, la FDA aclara que “las órdenes de modificación de la exposición tampoco permiten que la empresa realice ninguna otra afirmación de riesgo modificada ni declaraciones expresas o implícitas que transmitan o puedan inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que los productos están avalados o aprobados por la FDA, o que la FDA considera que los productos son seguros para el uso de los consumidores”.

Una vez obtenida esta declaración, Philip Morris generó una estrategia de comunicación y marketing donde definió como un hito histórico el fallo de la FDA, a pesar de que no consiguió el estándar conocido como “riesgo modificado”, que implicaría dar por cierta una reducción real del daño para la salud de los usuarios. 

Otro de los puntos que forma parte de la estrategia comercial de la industria tabacalera es el ingreso de los jóvenes al consumo de tabaco mediante estos dispositivos. 

Tanto la FDA como la Organización Mundial de la Salud han alertado que existe evidencia de que tanto el diseño de los aparatos (semejantes a un celular) como el “estatus” que puede generar la utilización de dicho dispositivo es un factor de riesgo para el ingreso a los jóvenes en el inicio a la adicción a la nicotina.

Para la doctora Laura Llambí, directora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clinicas y docente de la Universidad de la República, “estos dispositivos están diseñados de una manera muy tecnológica, muy atractiva hacia los jóvenes, vendidos como que fueran limpios, a diferencia de lo que es el humo, la combustión. Entonces, que esto sea un producto que atraiga a jóvenes que nunca iban a estar atraídos por el cigarrillo porque la aceptabilidad social que tiene el cigarrillo ya es mucho menor, sobre todo en países como el nuestro con una fuerte política de control de tabaco hasta ahora, hace que entren a la adicción a la nicotina a través de este otro producto”.

Una reducción que no es

“La industria no ha parado nunca de tratar de interferir con las políticas de control de tabaco”, dijo a Sudestada Adriana Blanco, la médica uruguaya que ocupa la jefatura de la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que actualmente tiene a 182 estados parte. 

Esta estrategia de “moldear” las políticas públicas de los estados a los intereses comerciales de la industria tabacalera es una de las principales preocupaciones de la Secretaría, dijo Blanco, que fue una de las grandes protagonistas de la política de Estado que ubicó al país como uno de los referentes mundiales de la lucha contra el tabaquismo.

En relación a la estrategia mercadotécnica de las tabacaleras, Blanco explicó que “lo que la industria presenta como una reducción de daño no es lo que la salud pública llama reducción del daño. Debería decir si es una reducción del daño para la Industria Tabacalera en la pérdida de ganancias económicas, pero no una reducción de daño para la gente que está expuesta”

Para Benia, consultor de OPS/OMS en Uruguay, “no hay evidencia que haya transitado el método científico de generación de conocimiento que muestre que estos productos son menos nocivos. Es falso de que hay estudios que pongan eso en evidencia”.

En cambio, uno de los peligros para la salud de la población es que la introducción de estos dispositivos amplía la oferta de consumo. “Estos productos novedosos de tabaco calentado no sustituyen al cigarrillo común, se usan concomitantemente y generan una falsa sensación de seguridad de que uno está consumiendo algo menos nocivo”, advirtió Benia.

Por su parte Laura Llambí, docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, explicó a Sudestada que el dictamen de “riesgo reducido” de la FDA sobre el producto IQOS de Philip Morris se realizó sobre 56 sustancias declaradas, al tiempo que existen 93 componentes en total. “Algunas están en menor concentración y otras están en mayor concentración, y no sabemos a largo plazo, porque de hecho el uso no es masivo ni de hace mucho tiempo, cuáles van a ser las consecuencias a la salud”

Tras sistematizar la evidencia científica independiente disponible, Llambí insistió en que “no está probado que estos productos sean menos dañinos a la salud, no está probado que todos sus componentes estén en menor concentración. Algunos sí, eso es cierto, y algunos no, y lo que vamos aprendiendo con el tiempo es que pueden dar los mismos daños a la salud que da el cigarrillo o incluso algunos otros nuevos que no daba el cigarrillo como la toxicidad hepática, que está reportada para los productos de tabaco calentado”.