La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes votó este miércoles por unanimidad la convocatoria al director general de Salud del MSP, Miguel Asqueta, para que informe sobre las circunstancias en las que se aprobó el decreto que habilitó los productos de tabaco calentado sin la participación de los servicios técnicos de la cartera.
Asqueta asumió como director general del Ministerio de Salud Pública en marzo de 2020, y hasta ese momento se había desempeñado como presidente del Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET), una organización de la sociedad civil que integra la comisión asesora interinstitucional del MSP, uno de los grupos que fue ignorado por Presidencia al dictar el decreto.
La propuesta de la diputada Lucía Etcheverry (FA-MPP) fue votada por unanimidad en la comisión, que resolvió convocar a Asqueta “lo antes posible”, ya que su comparecencia por otros asuntos está pendiente desde diciembre.
También este miércoles fue tratado en la sesión de la Cámara de Representantes, cuando Etcheverry habló durante la media hora previa.
La legisladora recordó los esfuerzos que realizó el Estado para instrumentar una política sanitaria contra el tabaco, “para que el conjunto de normas que hacen a esta lucha contra el tabaco pudiera ser consistentes y armónicas”.
En ese proceso, recordó que esa determinación “llevó al país de hecho a estrados internacionales”, en referencia al juicio que la tabacalera Philip Morris inició EN 2010 contra Uruguay ante el CIADI del Banco Mundial. El juicio terminó con un laudo favorable a Uruguay, en 2016.
“Eso que tanto le significó al país como prestigio, como vanguardia desde el punto de vista sanitario pero además de soberanía también, enfrentando a empresas muy poderosas, lamentablemente en marzo del año 2021 empieza a ser debilitado con un decreto del Poder Ejecutivo que flexibiliza e incorpora los dispositivos de tabaco calentado, los dispositivos electrónicos para ser comercializados en el país los que habían sido prohibidos ya bajo otro decreto el 549”, describió Etcheverry.
La legisladora recordó que en aquel momento realizó un pedido de informes al MSP para saber cuáles eran los fundamentos de esa decisión. Sin embargo, en lugar de recurrir a sus servicios técnicos especializados, “el MSP agrega en la respuesta al pedido de informes, no haciendo mención a las preguntas específicas, pero sí incorpora fundamentos que en el día de ayer quedan claro provienen de una de las industrias que está vinculada a estos dispositivos y al tabaco”.
“Acá estamos ante una situación irregular que ayer, producto de la investigación periodística del medio Sudestada, queda en evidencia, que ponen el retroceso al país, que ponen en juego una política vinculada a la salud de la sociedad, pero que también tiene que ver con la soberanía por lo que ya hemos dicho por lo cual queremos transmitir la preocupación”, indicó Etcheverry.
