El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, es uno de los seis candidatos a Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el período 2023-2028, designación que se realizará durante la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana que comenzó este lunes en Washington.
Las recientes reformas regresivas que adoptó Uruguay en materia de control de tabaco generaron malestar de la sociedad civil a nivel nacional y regional, y el consiguiente rechazo a la postulación de Salinas al cargo de director de la OPS. La Coalición Saludable para las Américas (CLAS) fue una de las redes que manifestó su postura contraria a la designación del ministro uruguayo.
La directora ejecutiva de CLAS, Beatriz Champagne, dijo a Sudestada que como Uruguay era “el país modelo” en políticas contra el tabaco, las organizaciones de la sociedad civil que integran la CLAS temen que los ministros de otros países le den el voto Salinas y, según dijo, “Uruguay en este momento no está adelantando, está retrasando”.
Champagne explicó que quienes votarán al nuevo director de OPS son los ministros de salud de toda la región. “Nosotros queríamos avisar que Uruguay, en los últimos dos años, ha ido mucho para atrás”, señaló.
Pocas palabras sobre tabaco
En su postulación como candidato, el ministro uruguayo presentó un documento de 12 páginas, en el que argumenta por qué debe ser elegido como director de la OPS. El texto, al que accedió Sudestada, bajo el título “Nuestras ideas para potenciar a la Organización Panamericana de la Salud en el período 2023-2028”, desarrolla 12 ejes temáticos para el logro de sus objetivos.
Habiendo sido un país de referencia en los últimos años en la lucha contra el tabaquismo, se podría esperar que una postulación que surge desde Uruguay tendría el control del tabaco como uno de los focos de una propuesta programática para la OPS. Sin embargo, la relevancia que le da Salinas es casi ninguna, y apenas hace una mención a la posición vanguardista del país en los años recientes. Durante su gestión como ministro de Salud de Uruguay, lógicamente, no existe ninguna.
El documento, creado desde la secretaría del ministro, en el punto 9 sobre “Enfermedades no transmisibles”, propone “continuar fortaleciendo las políticas sanitarias en cuanto al consumo de tabaco, área en la que Uruguay ha estado a la vanguardia, pudiendo entonces aportar herramientas oportunas a los Estados Miembros que las requieran”.
Esta frase no resultó suficiente para generar la confianza en los miembros de la sociedad civil que promueven las políticas de control de tabaco a nivel regional.
Las organizaciones que integran la CLAS, que orientan su trabajo hacia políticas efectivas que prevengan las enfermedades crónicas no transmisibles, ya habían observado con preocupación el decreto que habilitó los productos de tabaco calentado, en el cual figura la firma de Salinas. Ahora, con las modificaciones al empaquetado neutro, consideraron que “hay una serie de acciones que se han tomado que tienden todas hacia un efecto negativo sobre la salud”.
La directora ejecutiva de CLAS aseguró que el gobierno uruguayo “ha venido justificando estos cambios de una manera que son injustificables”.
De hecho, el ministro Salinas aseguró que el cambio en el empaquetado neutro “es una opción que tienen las empresas de pasar de un envase rígido a uno flexible”. Sin embargo, Champagne considera que “escuchar a las tabacaleras y hacer acciones que las beneficien, no va a apoyar a la salud”.
En cambio, para el titular de Salud Pública, esta flexibilización en la normativa “no es un tema de beneficiar la industria, sino de beneficiar al consumidor, en el sentido de que consuma un producto perjudicial para la salud, como lo es el tabaco, pero, en definitiva, con los controles de calidad que exigimos en nuestro país”.
Champagne criticó esta argumentación y aseguró que no hay un tabaco “más legítimo”. “La realidad es que todo el tabaco es malo, sea de contrabando o sea vendido por una empresa local”.
Además, Salinas dijo que si los filtros de los cigarrillos están identificados se podrá “saber si son nacionales o de contrabando”, lo cual permitirá “poner multas muy importantes”, algo que desde la Coalición Latinoamericana de la Salud aseguran que no es así.
“Como Uruguay tiene el empaquetado neutro es bien fácil poder ver cuando vienen cigarrillos de algún otro lado, o sea que eso ya queda demostrado cuando hay un paquete de otro país”, explicó Champagne.
No es la primera vez que Salinas defiende una regresión en la política de control del tabaco. Como informó Sudestada, el Ministerio respondió con argumentos de la industria tabacalera citando informes de Phillip Morris a una solicitud de informes que realizó la diputada Lucía Etcheverry, con respecto a la habilitación de productos de tabaco calentado.
Además, hizo lo mismo en una respuesta al recurso presentado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), para impugnar la normativa.
Tampoco fueron muy convincentes los elementos que plantea el documento de Salinas sobre los puntos fuertes de su candidatura.
«¿Qué ofrece la candidatura de Uruguay?», pregunta, y entre los puntos que destacan se encuentran los siguientes:
- Respeto y compromiso con el Derecho Internacional
- Una profunda tradición en el respeto a los Derechos Humanos
- Continuidad en las políticas públicas a pesar de los cambios de gobierno (Políticas de Estado), lo
que otorga garantías de estabilidad y seriedad
Salinas disputa la nominación con Camilo Alleyne, presentado por Panamá, Jarbas Barbosa Da Silva Jr., presentado por Brasil, Florence Duperval Guillaume, presentada por Haití, Nadine Flora Gasman Zylbermann, presentada por México, Fernando Ruiz Gómez, presentado por Colombia.
“Una empresa de chicles”
El argumento del presidente Luis Lacalle Pou para realizar las modificaciones en el empaquetado de los cigarrillos, medida implementada durante el gobierno de Tabaré Vázquez, es que con las prohibiciones se aumentó el comercio de cigarrillos por contrabando, aunque no hay información que dé cuenta de eso.
Esta explicación fue rechazada por la directora ejecutiva de CLAS. “Hay muchísima evidencia de que los países con buena administración de aduana y buen control del contrabando, de todo tipo, no solo del tabaco, no tienen problemas de este tipo”, afirmó. “Cuando uno ve que hay mucho contrabando directamente no es por el empaquetado del cigarrillo”, agregó.
Lacalle Pou dijo que le preguntaron si la modificación en la normativa es para favorecer a la empresa Montepaz. “No, me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio, quien se dedica a producir cigarros en Uruguay es Montepaz y quien le pidió esto al Ministerio de Industria es Montepaz”, confirmó.
Sobre este punto, Champagne recordó que el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS menciona que las políticas tienen que desarrollarse sin conflicto de interés, es decir, “sin los conflictos que se desarrollan cuando uno está poniendo a una tabacalera en la mesa a discutir la política”. “Eso es una cosa que no puede ser”, observó.
Sobre el argumento del mandatario, que aseguró que lo único que hace el decreto es que se pueda “tener una cajilla más económica para producir y que combata el contrabando”, Champagne señaló que todas estas políticas deberían ser para mejorar la salud. “No queremos que baje el precio del tabaco, al revés queremos que el precio del tabaco suba”, expresó.
Las declaraciones del presidente dejaron mal parado a Salinas, quien había defendido el decreto desde una perspectiva de salud y de lucha contra el contrabando.
