La Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) resolvió pedir una entrevista con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para plantear su preocupación por la habilitación de los productos de tabaco calentado, cuya defensa en distintos ámbitos asumió la cartera, incumpliendo el Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) que el país firmó en 2004.
En su sesión del 1° de junio, el Consejo de la Facultad resolvió encomendar al decano Miguel Martínez a solicitar una reunión al ministro de Salud Pública Daniel Salinas y el director general de Salud Miguel Asqueta “a fin de hacerles llegar nuestra preocupación y la voluntad de colaborar para que nuestro país se mantenga en el lugar de liderazgo que se ha ganado” en las políticas de lucha contra el tabaco.
La resolución se aprobó por unanimidad (12 en 12) durante una reunión en la que participaron el consultor OPS/OMS en Uruguay, Wilson Benia, y la delegada de Facultad de Medicina a la Comisión Interinstitucional Asesora Para el Control del Tabaco, Laura Llambí. Ambos técnicos fueron convocados en función de su conocimiento del tema y de sus declaraciones a Sudestada en una serie de publicaciones denominada “Humo por decreto”, que reveló la interferencia de la industria tabacalera en la política sanitaria del Uruguay.
El Consejo resolvió además difundir “los importantes efectos deletéreos (mortales) del tabaco en la salud humana y en el hábitat en general, así como los riesgos derivados de la introducción y promoción de nuevas formas de consumo de tabaco (productos de tabaco calentado) cuyo efecto de daño a la salud ha sido al presente ampliamente demostrado”.
“Alarma” y “complicidad”
Consultado por Sudestada, el decano Miguel Martínez explicó que al conmemorarse un nuevo Día Internacional contra el Tabaco, y “en medio de una importante discusión por mantener a nuestro país en el nivel de reconocimiento internacional alcanzado bajo el liderazgo del Presidente Vázquez, quien logró la convergencia de todo el sistema social y político del Uruguay en lo que visualizamos como una verdadera “Política de Estado”, el Consejo de la Facultad entendió necesario informarse y tomar acciones positivas para mantener dicha política”.
Martínez destacó el aporte que significó en esa decisión las “valiosas notas como la de Sudestada, que supo reunir opiniones informadas y trascendentes como las de los Dres. Llambí y Benia a quienes siempre agradecemos por su capacidad de trabajo y su generoso esfuerzo”.
Sobre la actual situación del país respecto a la presencia de los dispositivos electrónicos para fumar, especialmente los productos de tabaco calentado que habilitó el decreto presidencial de marzo de 2021, el decano de Medicina explicó que en la reunión del Consejo “se manejaron cifras alarmantes acerca de la introducción de nuevas o novedosas formas de vender productos del tabaco (como en nuestra época fueron los light y luego los ultraligth) cuyo resultado en términos de salud deberemos enfrentar en los próximos años”.
De hecho, agregó Martínez, los dispositivos electrónicos en general (incluyendo los PTC y las otras formas) en nuestro país y en el tramo de 13 a 18 años alcanzaron “casi el 14% superando al cigarrillo convencional”.
El decano cuestionó la “introducción pasiva” de estos dispositivos que se dio en el país en los últimos años, “contraviniendo lo expresado en la 8va Conferencia de las partes del Convenio Marco de la OMS del 2018 del cual es firmante nuestro país y que acordó ‘regular, lo que incluye restringir o prohibir los nuevos productos de tabaco calentado”.
En ese sentido, recordó que países que estaban muy atrás respecto a las medidas uruguayas como Brasil, Panamá, México, Australia, Noruega, o Finlandia, entre otros, “directamente han prohibido los PTC”.
“Por todo eso y por conocer la trayectoria de ambos jerarcas en la lucha contra toda forma de tabaco, nos parece ineludible una reunión de trabajo”, explicó Martínez.
La preocupación que provocó este tema, que Martínez calificó como “alarma de toda la Facultad de Medicina”, ya fue trasladada al rector de la Udelar, Rodrigo Arim y por su intermedio al Consejo Directivo Central (CDC).
“Entiendo que es un tema en el que se hace necesario estar unidos junto a todas las organizaciones sociales y todos los movimientos políticos porque (sin exagerar para nada) es un problema de vida o muerte. De hecho ya está afectando fundamentalmente a los tramos más jóvenes de nuestra sociedad. La indiferencia o pasividad no es ni puede ser opción ya que de alguna manera lleva a la complicidad, y esto sería criminal”, evaluó Martínez.
