El decreto aprobado el 2 de setiembre, que permite la utilización de cajillas blandas de cigarrillos y la inclusión de elementos distintivos dentro de la caja y en los cigarros, «contraviene flagrantemente la legislación vigente», según la SUT.

La gremial cuestiona la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de modificar la ley 19.723 del 2019 que estableció el empaquetado neutro o genérico de los productos de tabaco a fin de «reducir el atractivo del producto y desincentivar su consumo, especialmente entre el público joven».

Para la SUT, el decreto cuestionado «significa un claro retroceso en la normativa sanitaria» y contraviene el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) y legislación vigente en la materia, «introduciendo cambios en el régimen legal del empaquetado neutro».

«El mismo permite incorporar elementos distintivos de marca en el interior de la cajilla y en el cigarrillo, dejando a la discrecionalidad de la industria tabacalera los elementos a incorporar, pudiendo constituir publicidad del producto y elementos engañosos con respecto a su nocividad. Es conocido científicamente que estos elementos van dirigidos fundamentalmente a la población adolescente», aclaró la gremial médica, mediante un comunicado.

Según las y los especialistas, la aprobación de este decreto presidencial representa «una clara vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes» respecto a la obligación del Estado de «proteger especialmente» a esta población ante el estímulo al consumo del tabaco.

El presidente Lacalle confirmó en los últimos días que el decreto se había aprobado a pedido de la industria tabacalera uruguaya Montepaz, lo cual contraviene el artículo 5.3 del CMCT, que Uruguay ratificó y está vigente desde el año 2004.

El pasado 16 de setiembre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región habían enviado una carta al presidente, y a sus ministros de Salud, Daniel Salinas, y de Industria, Omar Paganini, manifestando su oposición al decreto y manifestando su preocupación ante el retroceso normativo del país.

«Esta decisión es un revés para el liderazgo mundial del país en la temática, una victoria para la industria tabacalera y una pérdida para la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Por este motivo, le solicitamos que revoque la medida, volviendo al estado anterior de estas políticas, haciendo primar la protección de la salud y la vida de la población uruguaya por sobre los intereses de la industria tabacalera», planteaba la carta.

La misiva también aludió a otra modificación legal dispuesta por este gobierno, al habilitar la venta y distribución de productos de tabaco calentado, en contra de la evidencia científica existente y en línea con los intereses de la tabacalera Philip Morris. «Este decreto es una medida regresiva y un paso hacia atrás en el nivel alcanzado en cuanto la protección de la salud que se suma al también reciente decreto Nº 87/021 que permitió la comercialización de los productos de tabaco calentado, anteriormente prohibida. Vemos con alarma estas decisiones ya que implican un grave retroceso para la protección de la salud de la población uruguaya», señaló la carta, que fue ignorada por el gobierno.