En el mes de marzo del año 2021, a un año de iniciar su mandato, y en uno de los momentos más críticos para el país respecto a la evolución de la pandemia Covid-19, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou emitió un decreto que habilitó la comercialización, venta, importación, registro y patente de Productos de Tabaco Calentado (PTC).

Esta acción política y normativa erosionó el prestigio conseguido por el país a nivel internacional en torno a la política de salud pública promovida desde el año 2004, con la firma del Convenio Marco del Control de Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud, y las consiguientes acciones para tener lugares públicos 100% libres de humo, etiquetado neutro de los cigarrillos, prohibición de la publicidad en medios de comunicación.

Todo eso sumado al impacto causado por la victoria en el litigio internacional iniciado por la industria tabacalera Philip Morris.

La decisión del ejecutivo se realizó sin consultar a los principales actores institucionales nacionales e internacionales en la temática. O sea, dejó de lado las prácticas habituales en los últimos 17 años e ignoró a los especialistas técnicos del  Programa Nacional de Control del Tabaco (PNCT) del Ministerio de Salud Pública, a la Secretaría Técnica del Convenio Marco así como también a la Comisión Asesora Interinstitucional y a la Universidad de la República. 

En la exposición de motivos del decreto, se alega que hay mayores avances de dispositivos tecnológicos electrónicos para fumar, y que cada uno de ellos son distinguibles en cuanto a los riesgos asociados al consumo, al tiempo de que “existen datos científicos” que aquellos productos que utilizan tabaco calentado “resultan en una menor exposición de los usuarios a las sustancias tóxicas asociadas a consumo tradicional de tabaco”.

Estos fundamentos no sólo son rechazados por sociedades médicas y organizaciones de la sociedad civil en Uruguay, sino que la Organización Mundial de la Salud expresó en la última Conferencia de las Partes (COP9) del CMCT, en noviembre del 2021, “su preocupación por el hecho de que la industria tabacalera y sus defensores están aumentando sus actividades de mercadotecnia y relaciones públicas para promover productos del tabaco novedosos y emergentes” y de esta manera están interfiriendo en “las políticas nacionales de salud pública, fiscales y reguladoras, influyendo incluso en la toma de decisiones en los foros regionales e internacionales”.

En este contexto, el decreto Nº 87/021 emitido por el Poder Ejecutivo, junto con acciones y vínculos que se han constatado entre la industria tabacalera y el gobierno uruguayo han conducido al país a una serie de incumplimientos del CMCT, suscrito por Uruguay mediante la implementación de la Ley 17.793. 

Actualmente el CMCT es el tratado internacional más ampliamente aceptado en el seno de las Naciones Unidas, con la adhesión y ratificación de 182 países.

Fisuras al convenio

Una primera violación al tratado internacional, refiere a que se amplía la oferta de productos y generan nuevas condiciones para que jóvenes y adolescentes ingresen al consumo de tabaco. De esta forma se amplían las posibilidades para que nuevos nichos de mercado accedan a productos, en apariencia, más saludables que los cigarrillos tradicionales.

A su vez, los dispositivos electrónicos tienen diseños atractivos, pensados para un público joven, similar a un celular de alta gama, y simbolizan también cierto estatus y prestigio. 

Un segundo aspecto que coloca a Uruguay en falta con el CMCT refiere a los incentivos directos e indirectos a la industria tabacalera mediante la exoneración impositiva. 

Los cigarrillos electrónicos tienen dos elementos necesarios para funcionar: las cápsulas de tabaco y el dispositivo electrónico. Una de las estrategias de la industria tabacalera refiere al “fraccionamiento” de la mercadotecnia: se venden por separado ambos productos. 

Esa estrategia de la industria también parece haber tenido éxito en Uruguay. El Poder Ejecutivo ingresó al parlamento en diciembre del 2021 un proyecto de ley que permite gravar las cápsulas de tabaco que se utilizan en los dispositivos. La tasa del impuesto puede llegar hasta un 72%. Por su parte, el dispositivo electrónico carece de gravámenes, lo cual es un incentivo directo para la comercialización de este producto de la industria tabacalera, al tiempo que quedaría regulado con el impuesto exclusivamente a las cápsulas. 

El CMCT en este aspecto plantea que “debido a que sus productos son letales, no se deberían conceder incentivos a la industria tabacalera para que establezcan o lleven a cabo sus negocios”.

Por su parte, también se constató la exoneración del pago de la tasa de registro a los agroquímicos que se utilizan en las plantaciones de tabaco (entre otras) sumado a que el valor de los impuestos a los productos de tabaco termina siendo un 47% del precio de venta al público, bastante por debajo de lo recomendado por la OMS.

Un tercer punto en el que Uruguay está en falta con el CMCT refiere a la falta de coordinación y pedido asesoramiento entre las autoridades sanitarias y los actores especializados en la materia a nivel de política pública en salud del país: tanto el Plan Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública como la Comisión Asesora Interinstitucional del MSP.  

No fueron consultados por parte del Poder Ejecutivo en la redacción del decreto, ni tampoco para la implementación del mismo con el objetivo de la salvaguardia de la salud de la población frente a la epidemia del tabaquismo. 

El artículo 12 del CMCT, vinculado a “Educación, comunicación, formación y concientización del público” promueve en el literal E “la concientización y la participación de organismos públicos y privados y organizaciones no gubernamentales no asociadas a la industria tabacalera en la elaboración y aplicación de programas y estrategias intersectoriales de control del tabaco”.

Un cuarto punto que contraviene el espíritu del CMCT refiere a que Uruguay le ha dado lugar a la industria tabacalera para realizar acciones de responsabilidad social empresarial, transmitiendo una imagen positiva, que invisibiliza los perjuicios para la población uruguaya. 

En abril del 2020, en la cárcel de Santiago Vázquez, se recibieron donaciones de canastas de alimentos básicos para la población carcelaria que incluían cigarrillos. El CMCT enfatiza en varias oportunidades que este tipo de acciones deben ser prohibidas, porque aportan promoción, difusión y patrocinio gratuito en el campo de las buenas prácticas, disfrazando los verdaderos perjuicios en el consumo del tabaco. Recomienda el CMCT, “Desnormalizar y en la medida de lo posible reglamentar las actividades que la industria tabacalera describe como “socialmente responsables”, incluidas las actividades descritas como de “responsabilidad social institucional”.

Por último, en clara y flagrante violación al tratado internacional, se constata que la principal empresa tabacalera que opera en uruguay, Monte Paz, donó 552 mil pesos uruguayos (unos 12 dólares) al por entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou para las elecciones presidenciales de 2019. 

“Las Partes deberían adoptar medidas efectivas para prohibir las contribuciones a campañas, partidos o candidatos políticos por parte de la industria tabacalera o cualquier entidad que trabaje con el fin de promover sus intereses, o deberían exigir la divulgación plena de tales contribuciones” detalla el CMCT en la sección “Evitar conflictos de intereses para los funcionarios y empleados públicos”.