El Poder Ejecutivo dio un nuevo paso atrás este viernes 2 de setiembre al aprobar un decreto que retrocede en la política de lucha contra el tabaco que está vigente desde 2004, cuando Uruguay adhirió al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. 

El gobierno admitió el empaquetado en cajas blandas que estaba prohibido hasta el momento, con el argumento de que las limitaciones impuestas por el Decreto N° 120/019 “afectan al cigarrillo comercializado en el mercado formal, frente a la fuerte competencia del cigarrillo de contrabando”. 

La disposición del Poder Ejecutivo no presenta ninguna cifra que avale su afirmación. “Se utilizan argumentos del contrabando, de los que no hay datos científicos. Los datos últimos que hay de Uruguay daban que no había aumentado el contrabando”, dijo a Sudestada la experta Laura Llambí, delegada de la Facultad de Medicina de la UdelaR en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, y Coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas. 

Para Llambí, la decisión del gobierno es “un claro debilitamiento del empaquetado neutro con priorización de intereses económicos sobre los intereses de la salud”. 

Esta modificación a la política sanitaria ignoró -nuevamente- la opinión de la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, que asiste al Programa Nacional Contra el Tabaco (PNCT) del Ministerio de Salud Pública (MSP). Ya lo había hecho cuando aprobó el decreto que habilitó los productos de tabaco calentado (PTC) en marzo de 2021.

Tampoco se convocó a la Comisión Interinstitucional para implementar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que es la que asesora al MSP respecto a la falsificación y contrabando de cigarrillos. Esta última comisión asesora está integrada por un representante del MSP, que la preside, y delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Interior; Defensa Nacional; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería, y Educación y Cultura; de la Dirección General Impositiva; de  la Dirección Nacional de Aduanas; y del Poder Judicial. También tienen un representante el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET) y Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT).

Por su parte, Diego Rodríguez, integrante del CIET y miembro de la comisión asesora del MSP, dijo a Sudestada que no solo las cifras que existen sobre contrabando son “viejas”, sino que además “se debilitaron los controles porque se redujo el cuerpo inspectivo” dedicado a combatir el comercio ilegal. Asimismo, añadió que si la preocupación del gobierno es el cumplimiento de la normativa, “la industria legal ya estaba incumpliendo la normativa, porque estaban incluyendo cosas en las cajas, por lo que se había iniciado el proceso para multarlas”. 

Rodríguez explicó que en sus descargos en dichos procesos administrativos la industria tabacalera plantea cosas que coinciden con lo que se dispone en el nuevo decreto presidencial. “Si consideramos que las decisiones deberían tomarse en base a evidencia científica, en este caso no existe, el único sustento es comercial, y responde al interés de la industria”, explicó el especialista. 

Además, dijo que el decreto deja al libre albedrío de la industria el uso de cajilla blanda o dura, con envoltorio de nylon o sin él, la inclusión de cualquier distintivo, entre otras ventajas comerciales. “Esto empieza a dejar sin efecto el estandarizado y el empaquetado neutro”, lamentó Rodríguez. 

Respecto al combate al contrabando, recordó que la mercadería ilegal no tiene un empaquetado neutro como la que se encuentra regulada, pero aunque también lo utilizara eso sería positivo desde el punto de vista sanitario porque “se aplicaría una política para evitar que se estimule el marketing en las cajillas, para estimular el consumo”. En resumen, “esto no tiene sustento desde lo sanitario, desde la evidencia científica, desde la lucha al contrabando. Está hecho a medida de los reclamos de la industria”, cuestionó.

“Esto va a ser un mal ejemplo para la región. Solo le sirve a la industria, para que no sigan avanzando los países en implementar el empaquetado neutro”, sostuvo Rodríguez, quien recordó que hasta ahora Uruguay había sido mostrado como un ejemplo de buenas prácticas, entre otras cosas por los buenos resultados de sus políticas para la reducción del consumo de tabaco. “Esto seguramente va a revertir una tendencia a la baja que se registra hace muchos años, por la combinación de estas medidas con muchas otras”, subrayó. 

El pedido de la industria 

Sin embargo, el gobierno sí accedió a los pedidos de la industria tabacalera, que ya había planteado este reclamo en el parlamento, durante una sesión de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Senado del 7 de noviembre de 2018. Ese día la comisión recibió al asesor jurídico de la empresa Eduardo Mezzera, y a los directivos Manuel Moldes y Jorge Andrés Mailhos, a propósito del proyecto de ley Empaquetado y Etiquetado de Productos de Tabaco que modificaba la Ley N° 18.256 de 2008. 

Moldes planteó ese día en la comisión que el tipo de envase que se establecía en aquel proyecto de ley “hace que sea prácticamente imposible que la cajilla se distinga de una falsificación. De hecho, es un estímulo importante para la falsificación”. Lo mismo que dice el decreto presidencial. 

El empresario utilizó un estudio de la empresa Cifra -que no presentó ante los parlamentarios- para sostener que el 35% de los cigarrillos que se venden en el país “son cigarrillos ilegales, ya sea por contrabando o falsificación. Ese 35% de cigarrillos ilegales, multiplicado por el aporte impositivo que hace cada uno de ellos al Estado, nos da una evasión de US$ 100.000.000 anuales”, aseguró. 

Según el decreto del gobierno aprobado el 2 de setiembre, “el ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y atenta contra las políticas públicas de la Administración en cuanto a su erradicación”.

Los representantes de Montepaz también hicieron consideraciones en el parlamento respecto a la prohibición del uso de las cajillas blandas, que ahora el Poder Ejecutivo volvió a permitir. En la comisión de noviembre del 2018 el directivo Jorge Mailhos cuestionó las “limitaciones” que establecía la regulación propuesta en materia de empaquetado. “Por ejemplo, hoy tenemos dos tipos de cajillas, la dura de cartón y la blanda de papel, que están en el mercado hace décadas. La cajilla blanda es la que tiene mayor participación en las ventas de nuestra empresa: tiene cerca de la mitad de nuestras ventas”, explicó Mailhos, quien definió el asunto como “un tema crítico para nosotros”. 

“En la competencia, en los productos importados, la cajilla blanda prácticamente no tiene significación. En realidad, esta medida discrimina a la industria nacional”, sostuvo el empresario.

Durante las discusiones del proyecto, que terminó aprobado y se convirtió en la Ley N° 19.723, quien también se mostró contrario a varias de las disposiciones previstas fue el entonces senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. “Me parece que va al extremo y que lejos está de seguir ayudando a que se consuma menos tabaco. Creo que lo que se va a hacer con este proyecto de ley –que seguramente esté bienintencionado y, obviamente, hay un esfuerzo personal para seguir trabajando en estos temas– es interferir en la competencia”, expresó el legislador de la oposición. 

“Quiero dejar sentado, señora presidenta, que no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley porque, si bien apoyamos en general las políticas aplicadas en este tema, el texto en consideración se pasa de la raya”, dijo en la sesión de octubre de 2018 de la Comisión de Salud del Senado.

La postura de Lacalle en aquella discusión parece haber agradado a Montepaz, tanto que realizó un aporte a la campaña electoral de quien luego sería electo presidente en 2019. La empresa tabacalera “colaboró” con más de 552 mil pesos uruguayos en la carrera presidencial del candidato blanco, único partido que recibió su aporte monetario, según datos de la Corte Electoral. 

El vínculo entre la empresa y el Herrerismo, sector del presidente Lacalle, es de larga data. De hecho, el asesor jurídico de Montepaz, Eduardo Mezzera, fue viceministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. También fue senador suplente en el período 2010-2015, e ingresó a la cámara alta en varias ocasiones, en lugar del líder herrerista y del exintendente de San José Juan Chiruchi. 

Mezzera además fue asesor jurídico del Ministerio de Industria, Energía y Minería durante 16 años. Fue este ministerio el que propuso la modificación al decreto de las cajas de cigarrillos, que aprobó el Poder Ejecutivo el pasado 2 de setiembre. 

Nuevas reuniones, nuevos retrocesos

El 28 de abril de este año el entonces asesor del presidente Luis Lacalle Pou, y actual director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, se reunió con los directivos de la Compañía Industrial de Tabacos Montepaz SA en la sede de la empresa. 

Martinelli difundió imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram, con afirmaciones elogiosas respecto a la actividad de la empresa. “Montepaz fue fundada en 1880. Es una empresa 100% capital uruguayo dedicada al cultivo y procesamiento de tabaco”, destacó Martinelli. 

“Cerca de 110 familias productoras de Rivera y Artigas procesan más de 700.000 kg de tabaco por año, asegurando Montepaz la compra de la totalidad de la cosecha. En total generan 420 puestos de trabajo directos y más de 500 indirectos. Muchas gracias por recibirme”, agregó el entonces asesor presidencial, acompañando dos fotografías, una con los directivos en su despacho y otra en la planta industrial. 

Esta reunión de Martinelli implica otra violación al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco por parte del gobierno uruguayo, ya que este acuerdo internacional no solo se limita a la aprobación de una regulación sanitaria, sino que también implica obligaciones respecto a los vínculos con la industria tabacalera. 

Por ejemplo, el artículo 5.3 del convenio señala que “A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional”.

En las directrices aprobadas en 2013 para aplicar este artículo se establecieron lineamientos para su aplicación. Los países firmantes del convenio “deberían asegurarse de que toda interacción con la industria tabacalera respecto de cuestiones relacionadas con el control del tabaco o la salud pública sea responsable y transparente”, por lo que recomienda “Establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y asegurar la transparencia de las que se produzcan”.

Asimismo, en cuanto a las políticas que puedan beneficiar a la industria tabacalera, como la que acaba de aprobar el gobierno uruguayo, las directrices del convenio señalan que “Debido a que sus productos son letales, no se deberían conceder incentivos a la industria tabacalera para que establezcan o lleven a cabo sus negocios”. “Todo trato preferencial de la industria tabacalera estaría en conflicto con la política de control del tabaco”, añade la regulación.