Uruguay aumentó abruptamente el nivel de interferencia de la industria tabacalera en los últimos cuatro años. El país, que en 2019 y 2020 se ubicaba séptimo, ahora ocupa el lugar 61, según un informe presentado este martes por el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) y la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT).
El documento presenta cómo Uruguay está implementando el Artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), para evitar la interferencia de la industria tabacalera en las políticas antitabaco.
En 2019 el monitoreo incluía 33 países de todo el mundo, en 2020 aumentó a 56, en 2021 subió a 80 y en 2023 participan 90 naciones.
Los aumentos más significativos de la interferencia de la industria se observan en la participación en el desarrollo de políticas, con una calificación de 12 puntos (10 más que en 2019); las interacciones innecesarias, categoría que subió del 0 a 6 en los últimos cuatro años; y la falta de transparencia y el conflicto de interés, ambos se duplicaron en los últimos con respecto a 2019, alcanzando 10 puntos.
En el informe se recuerda que en el año 2021 el gobierno emitió el Decreto 87/021, que eliminó la prohibición de la comercialización de Productos de Tabaco Calentado (PTC) en Uruguay. “Ante las consultas realizadas por el Parlamento Nacional sobre este Decreto, el Ministerio de Salud Pública basó su respuesta en los mismos argumentos utilizados por Philip Morris para justificar estos productos («proteger la salud de la población»), y no consultó a la Comisión Asesora para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud, que ha estado en funcionamiento desde 2004, ni tomó en cuenta la opinión de la Academia de Ciencias de la Salud, ambos en contra de esta modificación”, señala el documento, basándose en la investigación de Sudestada “Humo por decreto”, que reveló las maniobras de la tabacalera para incidir en la política contra el tabaco en Uruguay.
En las primeras ediciones del índice de interferencia de la industria tabacalera (2019, 2020), Uruguay mostró niveles aceptables de transparencia y niveles moderados de interferencia, reseña el documento presentado este martes por la plataforma Zoom por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) y el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET).
Sin embargo, “con la llegada de un nuevo gobierno en 2020, cuyo enfoque es favorecer el desarrollo de las empresas y reducir la participación del Estado en las políticas públicas, se ha observado un aumento en el grado de interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas”, plantea el informe.
Las razones del deterioro
La interferencia de la industria tabacalera se mide a través de siete categorías, que presentan sus respectivos puntajes. Respecto a la “Participación de la industria en el desarrollo de políticas”, Uruguay mostró que en 2021 se triplicó respecto al informe de 2019 y en 2023 alcanzó 12 puntos.
Entre los ejemplos de las políticas influenciadas por la industria, el informe señala que después de que organizaciones de la sociedad civil se opusieran a estos cambios y se iniciara una acción legal contra el decreto, ante la justicia, el Poder Ejecutivo defendió la «libertad de comercio» de las compañías tabacaleras. De esta manera, el gobierno alineó su discurso con la industria tabacalera. En 2022, una investigación periodística de sudestada mostró que Philip Morris utilizó el Decreto uruguayo para promover sus PTC en varios países de la región (Brasil, Panamá y México), inmediatamente después de su aprobación, afirmando que «Uruguay, un país serio con sólidas políticas antitabaco, los había aprobado»
Poco después, recuerda el documento, fue el presidente Luis Lacalle Pou quien admitió públicamente que había sido la industria la que le había pedido que aprobara una nueva normativa que beneficiara sus intereses.
Respecto a las “Interacciones innecesarias” entre el Estado y la industria, el informe registró 4 episodios en 2021 y 6 en 2023, lo cual también representa un incremento importante respecto al informe de 2019, año en que no se había registrado ninguna.
No hay evidencia de que el Presidente o los Ministros hayan asistido a eventos sociales o reuniones organizadas por compañías tabacaleras, pero en el Departamento de Artigas (donde se cultiva tabaco) las autoridades locales y algunos Ministros de Estado han promovido el cultivo de tabaco como una «oportunidad de empleo» para la población, indicó el relevamiento.
Otro ejemplo mencionado fue el del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que sin consultar al MSP resolvió la aprobación del estatuto legal y la legalización de una Asociación de Vapeadores (ASOVAPE Uruguay), a pesar de que la comercialización de cigarrillos electrónicos está prohibida en el país.
Transparencia y conflicto de interés
La divulgación pública de las posibles reuniones entre la industria y las autoridades públicas son un elemento que también es considerado por el informe en el apartado sobre “Transparencia”. En este aspecto, en 2021 se duplicaron los episodios de interacción con respecto a 2019 alcanzando 10 puntos, cifra que se mantuvo en 2023.
Uno de los hechos más notables de esta relación inadecuada ocurrió en setiembre de 2022 cuando Sudestada divulgó que Nicolás Martinelli, entonces asesor del presidente y hoy ministro del Interior, se reunió con Montepaz, la principal compañía tabacalera en Uruguay, antes de la aprobación del decreto que debilitó la disposición de empaquetado neutro del tabaco. “Esta reunión, que no se divulgó públicamente, tuvo lugar en las oficinas de la compañía tabacalera”, lamenta el documento.
Posteriormente, la diputada de la coalición de gobierno María Roselló (Partido Colorado), se reunió con la industria tabacalera y defendió públicamente los intereses de esta, criticando el requisito de Presentación Única por Marca argumentando que afectaba al negocio tabacalero. Rosello desconoció así el resultado del juicio que el Estado uruguayo le ganó a Phillip Morris ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial.
Por otro lado, los episodios de “Conflicto de Interés” también tuvieron un aumento significativo, y se duplicaron entre 2019 y 2021, pasando de 5 a 10.
En este aspecto, el relevamiento recuerda que el Decreto 284/008, en cumplimiento de la Ley 18.256, prohíbe todas las formas de patrocinio de compañías tabacaleras, incluidas las donaciones, a pesar de lo cual Montepaz, tabacalera que controla el 85% del mercado uruguayo, contribuyó al financiamiento de la campaña electoral del actual presidente.
Asimismo, si bien el fenómeno de la “puerta giratoria” entre el poder político y la industria tabacalera es raro en Uruguay, el informe menciona el caso de Eduarzo Mezzera, asesor legal de la compañía tabacalera Montepazquien previamente se desempeñó como Vicecanciller durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (padre del actual Presidente), y también fue senador suplente desde 2010 hasta 2015.
Además, ha sido asesor legal del Ministerio de Industria, Energía y Minería durante 16 años, y ha ocupado diversos cargos en cuadros del partido de gobierno: Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Herrerismo (Partido Nacional) y Vicepresidente del Instituto Manuel Oribe. Actualmente, formaría parte de la Comisión Fiscal del Instituto Manuel Oribe.
