La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) brindó una conferencia tras el fallo de la jueza María Elena Emmenenger que implica la suspensión del decreto 282/022 del presidente Luis Lacalle Pou que pretende flexibilizar el empaquetado y etiquetado de las cajillas de cigarrillo.
“Recibimos esta sentencia de acción de amparo con mucha satisfacción por cuanto estamos hablando de proteger la salud de niños, niñas y adolescentes” detalló Ana Lorenzo, tesorera de la SUT.
“Nosotros estamos haciendo una acción de amparo para proteger la salud de niños, niñas y adolescentes -fundamentó Lorenzo. Nosotros sabemos que más del 70% de los fumadores empiezan a fumar por debajo de los 18 años y tenemos datos de que la edad de inicio, en base a encuestas nacionales, en nuestro país está entre los 13 y 14 años. Eso como promedio, eso quiere decir que hay muchos que empiezan a fumar por debajo aún de esa edad”.
Por su parte, la abogada María José Veiga explicó la decisión de presentar una acción de amparo en un juzgado de Familia, asunto que el Poder Ejecutivo pretendió desacreditar en su respuesta a la demanda. “La competencia de la sede de Familia está establecida a texto expreso en nuestra legislación y por ende, atento a que el grupo de mayor vulnerabilidad frente a la exposición del humo de tabaco y al consumo son niños, niñas y adolescentes, es que hemos decidido acudir a la justicia que se especializa en la protección y en la tutela de estos derechos”, sostuvo Veiga.
A su vez, también rechazó otro de los argumentos del gobierno, respecto a que el decreto impugnado sea una simple modificación de la política de control del tabaco. “Nosotros no (lo) consideramos una flexibilización sino una desvirtuación total de la política sanitaria, que necesita y requiere una acción lo más urgente posible, dado el perjuicio irreversible que se va a generar”.
La abogada expresó que el pedido de la SUT frente a la Justicia se compuso de dos partes. Por un lado, la revisión respecto a si el decreto emitido por Presidencia no implicaría un apartamiento de la Ley 18.256 (que da marco a la política sanitaria contra el tabaco y los ambientes libres de humo), y de forma complementaria que suspenda el acto administrativo hasta tanto el Tribunal de los Contencioso Administrativo se expida. La jueza Emmenenger amparó esta última pretensión, sin dar lugar al otro pedido que realizó la SUT, por considerar que no era posible obligar al gobierno a reglamentar una ley.
Gobierno sin evidencia científica
Ahora el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de resolver si apela el fallo de primera instancia, aunque desde la gremial existe optimismo de que sea confirmado en un Tribunal. Entre otros argumentos para fundamentar esa perspectiva, Veiga explicó que “de la documentación agregada al expediente nosotros no hemos podido ver ninguna probanza (por parte del gobierno) que justifique la medida desde el punto de la evidencia científica, que debe respaldar decisiones sobre políticas públicas de salud. Desconocemos si hay algún otro elemento pero creemos que la instancia para justificarlo era esa audiencia, y no vimos ninguna probanza en relación a esto”.
Pero ese no es el único elemento que se maneja en la SUT para pensar que el fallo se mantendrá firme en la segunda instancia. “Lo que estamos viendo es que se están priorizando los intereses comerciales por sobre los intereses de protección de la salud. Eso es lo que está sucediendo, porque además, hemos sabido que esta última modificación fue a solicitud de la propia industria tabacalera”, recordó Lorenzo.
La confirmación de que el decreto había sido aprobado a pedido de Montepaz fue realizada por el presidente Lacalle Pou, pocos días después que se conociera en Sudestada que el actual director general del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, se reunió con la tabacalera en el mes de abril, cuando se desempeñaba como asesor directo del mandatario.
Por su parte, el médico cardiólogo Eduardo Bianco, fundador del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), recordó la serie de medidas adoptadas por el gobierno que benefician a la industria tabacalera, violando el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT). Entre ellas, se encuentran la habilitación a los productos de tabaco calentado, exoneraciones impositivas y flexibilización de empaquetado y etiquetado de las cajillas de cigarrillo (a pedido de la empresa Montepaz).
“Nosotros no estamos contra el gobierno, no somos fanáticos religiosos que estamos aquí por un dogma, sino que estamos para defender la salud pública, estamos basados en evidencia, basados en la ley y vamos a seguir haciendo los pasos necesarios para que esto no siga adelante”, reforzó Bianco.
