“Asesora a directorios de varias compañías y ha estado involucrado en la mayoría de las recientes y más grandes transacciones del país”.

Quizás cuando escribió ese modesto colofón para su hoja de vida, el abogado Nicolás Herrera no sabía que iba a participar en la negociación que llevaría a Uruguay a comprar las vacunas del laboratorio Pfizer contra la Covid-19, ni que esa gestión le valdría un reconocimiento público del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, a quien conoce personalmente desde hace muchos años. 

“Da gusto tener uruguayos comprometidos con el país”, agradeció Lacalle.

Quién diría que ese gesto público del presidente sería el que, pocos días después, pondría en alerta a toda la academia y la sociedad civil del país vinculada a la lucha contra el tabaco. Es que ese “homenaje” fue el 22 de febrero, y un mes después se conoció la aprobación del decreto que “fisuró” la estrategia sanitaria del país para beneficiar a la industria tabacalera. 

“En el mismo momento en que se estaba aprobando este decreto, con diferencia de días, el Presidente de la República en una conferencia de prensa por la llegada de las vacunas Pfizer, (dice que) hubo personas que estuvieron en esa negociación. Se lo agradece públicamente. Una de las personas a las que agradece es un abogado que testificó en contra del Estado uruguayo en el juicio de Philip Morris defendiendo a la empresa. Yo no puedo decir que eso sea causa-consecuencia, pero fue en cuestión de días”, dijo a Sudestada el experto Diego Rodríguez, miembro del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) e integrante de la Comisión Asesora del Programa Nacional del Control del Tabaco.

Nicolás Jorge Herrera Oreggia, socio principal del estudio, Guyer & Regules Asociados, está vinculado desde hace varios años a la empresa Philip Morris International (PMI), a través de su filial en Uruguay, Abal Hermanos SA. PMI es una de las industrias que promueve la comercialización de los novedosos productos de tabaco calentado, mediante un artefacto denominado IQOS, que en inglés quiere decir I Quit Ordinary Smoke (“dejé de fumar lo normal”). 

Entre otras actividades, Herrera también integra la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos en nombre de su estudio, y comparte esa instancia con destacadas personalidades del país, como María Peric, la encargada de negociar en nombre de Pfizer la compra de las vacunas contra la Covid-19 con Uruguay. 

En su calidad de abogado de Guyer & Regules, Herrera fue uno de los testigos que la industria tabacalera presentó para testificar contra Uruguay en el juicio que inició en 2010 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, conocido como CIADI, por un supuesto incumplimiento del artículo 10 del Acuerdo de fomento y protección recíproca de inversiones con Suiza.

Herrera declaró contra Uruguay en dos ocasiones, y la primera fue el 28 de febrero de 2014. Ese día contó su versión sobre una reunión que mantuvo en setiembre de 2008 con el entonces subsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano, y el director del Programa Nacional de Control de Tabaco (PNCT), Winston Abascal, respecto a la presentación única de las cajillas de cigarros, una norma que se estaba discutiendo por esos días. 

Herrera dijo que le requirió explicaciones a los funcionarios sobre cuál era la base “lógica y legal” de la decisión, pero que no le dieron una respuesta satisfactoria. Sin embargo, declaró el abogado, Abascal le habría contestado que la idea surgió durante una visita a un supermercado, cuando un cliente pidió un paquete de cigarrillos “Light” y la persona que despachaba le vendió los tipo “Gold”, por lo que llegó a la conclusión de que la presentación única era necesaria para evitar confusiones de los clientes. 

“Con base en esta experiencia, el Dr. Abascal redactó personalmente el reglamento de presentación única, sin el aporte del ministerio de salud”, dijo Herrera, según la declaración en idioma inglés a cuyo resumen accedió Sudestada. 

El 18 de setiembre de 2015 la acusación de Herrera fue desmentida en el marco del juicio por Abascal, en una larga explicación ante el CIADI. Abascal, que por ese entonces ya no estaba en el MSP porque había asumido un cargo internacional en reconocimiento a la política sanitaria de Uruguay, dijo que la decisión de prohibir la variedad de presentaciones fue discutida en el PNCT y también con la Comisión Asesora Interinstitucional, entre cuyos miembros se encontraba el actual director general de Salud, Miguel Asqueta, que en aquellos tiempos formaba parte activa de la sociedad civil. 

“Esto era en consonancia con la recomendación de la Comisión Asesora que, junto al PNCT, había discutido el problema y sus posibles soluciones durante varios meses antes de la decisión en favor del requisito de presentación única”, detalló Abascal, quien presentó pruebas del trámite que el texto tuvo durante meses dentro y fuera del ministerio, antes de su aprobación.

“Me sorprende que un abogado como el Dr. Herrera, conocedor del funcionamiento de organismos gubernamentales en Uruguay, podría pensar que un funcionario ordinario del Ministerio de Salud, en el 6° nivel jerárquico del Ministerio, podría tener la autoridad, sin la intervención o aporte de cualquier otro funcionario de rango administrativo superior, para preparar y asegurar la aprobación de una medida como la del decreto 514/008. El expediente muestra claramente que el Dr. Herrera está equivocado”, añadió Abascal ante el CIADI.

El conocimiento de Herrera del funcionamiento del gobierno se debe, entre otras cosas, a que fue subsecretario de Economía y Finanzas durante el anterior gobierno del Partido Nacional (1990-95). 

El 26 de marzo de 2015 Herrera brindó su segunda declaración contra Uruguay en el juicio de PMI. “Las afirmaciones de Abascal son inconsistentes con mi recuerdo de estos eventos”, sostuvo el abogado de PMI, y añadió que el funcionario del MSP no mostró en la reunión mencionada “ningún estudio científico” para justificar la decisión sanitaria del gobierno uruguayo.